
En otro orden de cosas, el Gobierno ha metido la marcha directa para adoptar aquí en España un modelo de protección de los derechos de propiedad intelecual en internet similar al sistema utilizado en Francia que hace unos meses descríbía de una magnífica forma Leo.
Básicamente la SETSI (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Servicios de la Información) estudia que las operadoras de telecomunicaciones puedan mandar avisos a los usuarios si descargan contenidos protegidos, llegando incluso a desconectar al usuario reincidente. Esto también lo adelantaba hace unos meses en este mismo espacio. No obstante, como ya he comentado otras veces, actualmente la ley obliga a que sea un juez quien autorice ciertas actuaciones y no una empresa privada. ¿Donde estarían entonces las garantías constitucionales sobre la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva?.
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